El aeropuerto Costa Azahar, inaugurado hace un año y sin haberse todavía estrenado en vuelos, ni tiene ni tendrá utilidad práctica por varias razones:
1- Para su rentabilización comercial, está demasiado cerca de los Aeropuertos de Reus (137 km) y de Valencia (92 km). 2- Para uso de aviación general, está mal comunicado, caro de explotación y alejado de centros de interés.
Los aeropuertos de Valencia y Alicante, focalizados en la aviación comercial, son increíblemente inhóspitos para la aviación general, con restricciones y tasas impropias de un país europeo.
En este contexto, ahora se pretende cerrar Castellón – El Pinar, sin tener en cuenta el gran daño que ello representaría para la aviación general Europea. Cerrando El Pinar, no sólo se pierde un aeropuerto de destino, se pierden un aeropuerto alternativo imprescindible para la seguridad de la aviación general, tanto en las rutas que unen Francia con el sur de España como entre España y las islas Baleares.
Si la insensatez política consigue cerrar Castellón – El Pinar, la red de aviación general de España, con sólo una décima parte de aeropuertos de Francia, quedará todavía más debilitada, ya que el destino del nuevo e insostenible aeropuerto de Castellón-Costa Azahar tiene el mismo fin que el de Ciudad Real: Dejarlo deteriorar por insostenible.
Hay muchas razones técnicas para justificar el mantenimiento de la infraestructura útil y de coste mínimo de El Pinar y ninguna para sustituirlo por el nuevo Aeropuerto Costa Azahar.
¿Quién, en estos tiempos de crisis, puede llegar a presionar para sustituir El Pinar por el Costa Azahar? Sin duda sólo quien es capaz de interponer intereses particulares al sentido común y al interés general. Si esta perversión es inaceptable en condiciones de bonanza económica, con la actual perspectiva de recortes, es simplemente impresentable.
Nadie involucrado directa o indirectamente con la aviación puede quedar insensible ante una agresión de este calado. Va siendo hora de coordinar iniciativas legislativas populares, no sólo para fiscalizar y racionalizar los recursos económicos públicos, sino también para enseñar a los políticos la diferencia entre servir al público o servirse de él.
Jordi Batet Torras
