Durante la vista oral, la defensa de los alumnos, a cargo de un bufete de abogados, intentará probar que la escuela cerró sin concluir la formación de los afectados, y que durante al menos más de un año antes del cierre ya se había retardado el ritmo de estudios y de formación de los alumnos. A pesar de las evidencias que se fueronj acumulando, en varias comunicaciones a los alumnos los responsables de Top Fly siempre negaron la existencia de problemas económicos hasta el día que se anunció el cese de la actividad.
Ante la complejidad del pleito, el dinero que se reclama, y el número de afectados, la Fiscalía también se ha personado en el caso para defender el interés público y el perjuicio causado a los 89 alumnos. Se trata de un hecho poco habitual para una denuncia cursada por la vía civil y que, una vez más, pone de manifiesto la trascendencia del caso.
Esto también explica que el juicio se alargue durante dos días. Mañana, si no surgen imprevistos, el tribunal ha citado a declarar para ser interrogados a José Azemar, como máximo representando legal de Top Fly; Francesc Miralpeix, director de Top Fly y Joan Sáez, contable de Top Fly. Asimismo, declararán varios miembros de la plantilla y del personal docente de Top Fly y cuatro alumnos. El día 16 de febrero están citados como testigos el resto de los alumnos afectados.
Top Fly, una escuela con más de 20 años de experiencia y que disfrutaba de un reconocido prestigio internacional, sólo accedía a formar los alumnos si pagaban por avanzado o bien a plazos, a pesar de que pedía importantes recargos. Este hecho permitió que la mayoría de afectados pagaran los cursos por avanzado, unas cifras que oscilan entre los 45.000 y los 90.000 euros según si los cursos eran de piloto de avión o de helicóptero y el tipo de licencia.
Además del dinero perdido, hay que tener en cuenta que muchos alumnos y sus familias habían hecho grandes esfuerzos económicos para poder afrontar el gasto económico que supone formarse como piloto. De hecho, muchos subscribieron créditos e hipotecas que hoy siguen pagando a fondo perdido, sin haber recibido a cambio ni la formación ni la licencia que esperaban.
La pregunta que se formulan los denunciantes es sencilla: ¿dónde está el dinero que entregaron?
