Mariano Rajoy ha decidido presentar el proyecto de urgente privatización de la red estatal de aeropuertos de Aena, como un instrumento clave de su cruzada anti-independentista frente al órdago planteado por Artur Mas y la Generalitat de Catalunya.
Según ha explicado un alto directivo de la empresa pública a eldiario.es, desde Moncloa instan la aceleración del proceso de venta la sociedad dueña de los 47 aeródromos públicos españoles (más otros en el extranjero) por el temor a que más adelante sea imposible de materializar.
Las prisas se justifican porque el Gobierno está convencido de que solo si la operación se realiza durante esta legislatura, con la mayoría absoluta del Partido Popular, podrá garantizarse para el futuro la integridad de la red aeroportuaria de Aena. El Ejecutivo conservador cree que en una futura legislatura en la que se gobierne en minoría, la necesidad de pactar con los nacionalistas puede conducir a aceptar parte de la segregación de la red, una antigüa petición de Catalunya y Euskadi. Sin El Prat o el aeródromo de Bilbao la privatización de Aena sería mucho más difícil de encauzar.
De monopolio público a monopolio privado
Este nuevo enfoque antiseparatista de la privatización de la red de aeropuertos, seguramente el más ambicioso que se ha planteado en España en el entorno empresarial, se presenta pocas semanas después de que arreciaran las críticas tras la filtración de los nuevos aspectos del proyecto en un informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP).
En dicho informe se avanzaba que se creará una suerte de núcleo duro al que se adjudicará un 30% de Aena vía colocación institucional que se quedaría en manos de fondos de capital riesgo, cada día más interesados en invertir en España. Mediante un salto a bolsa, saldría al mercado otro tercio, mientras que el Estado conservará el 40% restante
Desde diferentes posiciones empresariales, sindicales y políticas se acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de querer transformar «un monopolio público en otro monopolio, este privado». Además la venta se plantea «a precios de saldo» ya que con una valoración del 100% de Aena entre 12.000 y 16.000 millones y una deuda de 13.000, la enajenación será ruinosa para el Estado.
El directivo de Aena asegura que las valoraciones por la totalidad de las acciones que se han barajado «están muy lejos de la realidad». Además, asegura que el capital privado «será de vocación financiera y no necesariamente todo español». Ante la crítica de que lo que se pretende es crear un monopolio privado, el directivo cree que «solo una fórmula en la que conviva un 40% de acciones públicas y un 30% sindicado de acciones privadas, evitará el desmembramiento de la red de aeródromos en una legislatura sin mayoría absoluta».
Ley del sector aeroportuario
Con el objetivo prioritario de preservar la red de Aena, pero también para impedir que los nuevos propietarios privados puedan cerrar «indiscriminadamente» aeródromos no rentables, el Gobierno ha decidido aprobar «mediante real decreto o decreto» una ley del nuevo «marco regulatorio del sector aeroportuario español». La normativa convertirá al Ministerio de Fomento y al nuevo órgano regulador CNMC, en garantes últimos de los intereses del Estado en esta actividad.
A parte de abordar multitud de aspectos técnicos, la nueva normativa prohibirá expresamente la cesión a las comunidades autónomas de la propiedad o la gestión de los actuales aeródromos de la red pública. Igualmente impedirá el cierre de aeropuertos deficitarios, sino es con la aprobación de Fomento y la CNMC. Otro aspecto que regulará es la prohibición de que las sociedades del núcleo duro puedan adquirir otras participaciones en el capital de Aena en un tiempo a determinar. Además les exigirá un tiempo de permanencia en la propiedad de la empresa.
Texto: Antonio Ruiz del Árbol – Publicado por: www-eldiario.es
