El presidente de Aena, José Manuel Vargas, ha dado órdenes a los miembros de su equipo directivo para que renuncien a las vacaciones de Navidad y se pongan en estas fiestas a disposición de la consultora EY.
La antigua Ernst & Young tiene desde hace una semana la ‘misión imposible’ de revisar las cuentas de los últimos cuatro ejercicios de la empresa propietaria de la red pública de los aeropuertos españoles.
Los resultados de esta revisión deberán estar listos el próximo día 10 de enero al objeto de que la consultora pueda redactar una ‘carta de conformidad’ que, tras ser revisada y aprobada por el árbitro de la competencia, la CNMC, supondrá el pistoletazo de salida para el segundo intento de privatización del 49% de Aena en el plazo de los dos meses siguientes (incluida la venta del 28% en una OPV).
La anterior intentona quedo frustrada en la mesa del Consejo de Ministros el pasado noviembre, cuando ya se había lanzado incluso la campaña de publicidad para la colocación. En aquella ocasión se ofreció como excusa oficial del frenazo precisamente los problemas en la autoría de la mencionada ‘carta de conformidad’, que había redactado la consultora PwC sin que hubiera existido un concurso previo de adjudicación.
Los grupos de la oposición política, los sindicatos de Aena y diversas informaciones de prensa interpretaron que el frenazo se debió a las profundas diferencias de criterio sobre la operación que existen en el seno de Gobierno: por un lado, el ministerio de Economía y Competencia, y por el otro, el de Fomento, que han resultado públicas y notorias durante toda la legislatura.
Pero José Manuel Vargas y la Ministra de Fomento, Ana Pastor, pese a aquel varapalo, no han dado su brazo a torcer y no renuncian a intentar la privatización del 49% de Aena en la última ventana de oportunidad de la legislatura. Aunque ello fuerce a que el nuevo consultor EY haga su trabajo en menos de quince días laborables y la colocación se produzca a las puertas de las elecciones autonómicas y locales previstas para mayo.
La situación está tan tomada por los pelos que incluso la consultora que realizó la anterior auditoria, PwC, ha calificado el reto de «misión imposible» en reuniones con periodistas a la vez que advertía de que tras el resultado de la OPV de Bankia cualquier colocación puede convertirse en una bomba de relojería.
Suicidio electoral
Ante el empecinamiento de Vargas y Pastor de seguir adelante con la venta de Aena en tan adversas situaciones, los estrategas electorales de Partido Popular ya han alertado a Mariano Rajoy del enorme riesgo que corre la formación al lanzar una polémica privatización con repercusión en todas las comunidades autónomas en plena precampaña de los comicios autonómicos y municipales. «Un verdadero suicidio electoral», dicen. Máxime cuando las expectativas del partido del poder no son las más alentadoras.
Fuentes cercanas al equipo económico del Gobierno y a las autoridades de competencia, a preguntas de eldiario.es, se han mostrado totalmente contrarias al nuevo intento de privatización por cuatro motivos que consideran «muy claros». El primero, la cercanía a las elecciones autonómicas; el segundo, que los meses de febrero y marzo suponen una «mala ventana» para hacer ningún tipo de colocación en el mercado; el tercero, que consideran «impresentable» que el actual monopolio público en la propiedad y gestión de la red de aeropuertos pueda convertirse en un «monopolio privado. Es una aberración desde el punto de vista de la competencia», han asegurado.
Por último, entienden que las necesidades de conseguir «ingresos extraordinarios para cuadrar las exigencias de reducción del déficit público» no van a ser acuciantes en 2015 en un escenario de «crecimiento económico».
Arma arrojadiza electoral
Fuentes de la oposición parlamentaria, tanto de izquierda como nacionalista, han asegurado a eldiario.es que, si finalmente se ejecuta la privatización, están dispuestos a utilizar el proceso como arma electoral. Aseguran que «raya en la prevaricación» empeñarse en lanzar una OPV «en el peor momento» y cuando el tráfico aéreo «está disparado al alza. Se quiere vender un importante activo público con una valoración hecha a la baja en junio del año pasado, cuando durante la temporada alta última el número de pasajeros de Aena creció el 4,5% y la patronal de las aerolíneas IATA prevé un incremento del tráfico del 10% en 2016», afirman.
Los gobiernos autonómicos de Canarias y Cataluña ya han reaccionado. Una moción para reclamar la propiedad y gestión de los cinco aeropuertos de Cataluña fue presentada recientemente por el PSC en el parlamento autonómico y ha sido aprobada con los únicos votos en contra del PP. Por su parte, el Gobierno de Canarias ha recurrido ante la Audiencia Nacional la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de no convocar la comisión mixta Estado-Canarias en la que exigirán el traspaso de los aeropuertos de interés general de las islas.
Texto: Antonio Ruiz del Árbol – Publicado en www.eldiario.es
