El responsable de Infraestructuras y Sostenibilidad del PSPV-PSOE, Francesc Signes, ha revelado que, según el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a 2013, el convenio firmado entre la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), la empresa pública Aerocas y la Diputación de Castellón «sigue sin cumplirse a pesar de que las obras fueron entregadas en 2011».
Así el diputado socialista ha denunciado que la empresa Aerocas sigue adeudando a la EPSAR 2,3 millones de euros desde 2011. Una deuda que, tal y como ha explicado Signes, correspondería al proyecto y ejecución de la tubería de abastecimiento en alta para el aeropuerto sin aviones de Castellón.
Según ha denunciado el diputado socialista es el propio informe de la Sindicatura el que pone de manifiesto que la empresa Aerocas no ha aportado los 2,3 millones que adeuda, «pese a que se trata de unos impagos que la Sindicatura ya recogió en su informe correspondiente a 2012». Pero para Signes «lo más grave« es que el informe constata «serias dudas sobre la posibilidad de cobro de la deuda por parte de la Epsar, así como el desconocimiento real del resarcimiento del restante 50% de los gastos ocasionados por las obras realizadas».
Unos gastos que, según ha explicado Signes, «en el convenio se recogía que se debían repercutir a los usuarios durante un periodo de 20 años pero en ningún sitio se indica a través de qué figura impositiva se va hacer». A este respecto, Signes ha recordado que las resoluciones de adjudicación de la Epsar sobre esta obra fueron firmadas por uno de los principales imputados en el caso Emarsa, el entonces gerente, Juan José Morenilla.
En esta línea, el diputado socialista ha denunciado que «se trata de una obra que, tanto en su planificación como en su ejecución, ha estado plagada de sospechas vinculadas a la trama Gürtel». Signes ha mostrado su indignación por la deuda contraída por la empresa Aerocas que sí parecía tener dinero para gastarse 300.000 euros en la escultura de Carlos Fabra en un ejercicio sin límites de megalomanía mientras la Epsar, -según se recoge también en el informe de la Sindicatura-, durante este periodo se tuvo que acoger al mecanismo del pago a proveedores por una cuantía de 31 millones, «lo que posibilitó, -ha denunciado Signes-, que la Generalitat se cofinanciara con un dinero que debería ir destinado al pago de acreedores privados, residencias u otras empresas o instituciones que son quienes realmente lo están pasando mal por los impagos del Consell».
Finalmente, el portavoz socialista de Infraestructuras y Sostenibilidad ha solicitado la comparecencia del vicepresidente del Consell, José Ciscar para que dé explicaciones sobre los sucedido.
