El senador canario Narvay Quintero, de Coalición Canaria, preguntó al Gobierno hace varias semanas por las relaciones de Aena y Enaire con la empresa Cofely, que está siendo investigada en el marco de la denominada ‘Operación Púnica’ en la que fueron detenidos el pasado mes de octubre varios políticos del PP acusados de corrupción.
Narvay Quintero argumentó en su petición de datos que en su petición de datos que «en la llamada ‘Operación Púnica’ agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han arrestado al director general en España y a otros tres altos cargos de la multinacional (Cofely) por su presunta implicación en la trama de un alto cargo del PP y ex consejero de la Comunidad de Madrid. Se investigan contratos adjudicados a la misma por 181 millones de euros».
Sus preguntas fueron:
– «¿Qué contratos tiene AENA/ENAIRE con COFELY?
– ¿Desde cuándo son esos contratos?
– ¿Dónde están?, ¿qué montos se han adjudicado?
– ¿Ha sido investigada AENA/ENAIRE por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en relación con este asunto?
– ¿Puede afirmar AENA/ENAIRE que en todos los concursos en los que ha salido ganador COFELY se han hecho basados en los principios de transparencia, concurrencia y se han adjudicado correctamente a esta empresa?»
El Gobierno le ha respondiendo de forma bastante escueta que «la empresa referida» tiene en vigor 38 contratos que totalizan 14,75 millones de euros. También, asegura que «no se tiene conocimiento de que Aena ni Enaire hayan sido investigados en relación con» la Operación Púnica.
También se asegura que los contratos con Cofely se realizaron de acuerdo con los principios «de no discriminación, de reconocimiento mutuo, de proporcionalidad, de igualdad de trato, así como a los princpios de transparencia y publicidad».
La empresa Cofely es filial de la multinacional francesa GDF Suez y se dedica a ofrecer servicios de eficiencia energética. Cuando estalló el caso, entre los detenidos figuraban Didier Maurice, directro general de Cofely, y Constantino álvarez de la Cueva, que ejercía de director comercial. El caso tuvo un notable impacto mediático, porque además de tratarse de un caso de presunta corrupción, se detuvo al exsconsejero madrileño Francisco Granados, que en su día gozó de la protección de la presidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre.
