El proceso de privatizaciones iniciado por Felipe González e intensificado con entusiasmo por José María Aznar está a punto de concluir.
Tras la salida a Bolsa del 49% del capital de AENA sólo Loterías del Estado y Correos, ambas entidades emblemáticas, quedan como vestigios relevantes de lo que hasta hace menos de veinticinco años era un amplio holding empresarial público con presencia en sectores estratégicos de la economía, desde la electricidad a los combustibles, pasando por la telefonía, la siderurgia o la industria armamentística, que además tenía un peso especialmente relevante en nuestra Comunidad Autónoma.
Los procesos de privatización, inicialmente justificados por las exigencias de liberalización de sectores y su apertura a la libre competencia derivados de la presencia española en la CEE, siempre se abrieron tras ajustes de plantilla e importantes inversiones, cuyo coste nunca fue completamente recuperado con la venta de las sociedades y en procesos nunca suficientemente transparentes.
Uno de los casos más recientes y paradigmáticos fue la enajenación de ENDESA adquirida por ENEL, empresa pública italiana, a cambio de una cantidad que ya ha recuperado con los dividendos percibidos desde entonces y la venta de una parte del accionariado compatible con mantener el 70% del capital. Resulta curioso que la “obligada” liberalización lleve a que una empresa pública española deje de serlo para pasar a manos de otra empresa pública igualmente europea.
Ahora, y con el único objetivo de hacer caja como contribución al cumplimiento del objetivo de déficit, el Gobierno de Rajoy ha sacado a Bolsa el 49% del capital de AENA, la entidad gestora de los aeropuertos. Y lo ha hecho, otra vez, tras reducir el número de trabajadores, mejorar y ampliar sus infraestructuras y cuándo la empresa empezaba a dar beneficios.
El presidente de la sociedad ofertaba a los inversores las grandes fortalezas de la misma: una gran capacidad sobrante, fruto de las inversiones realizadas, que permitiría mover 335 millones de pasajeros al año, frente a los 159,9 millones que se movieron en 2014, pudiendo aumentar el número de usuarios de Barajas un 67%, el del Prat el 46% o el de Palma de Mallorca un 47% y duplicar el de los aeropuertos de Málaga, Gran Canaria y Alicante; una baja necesidad de inversiones, lo que permitirá pagar un alto dividendo (del 50% de los beneficios) y reducir la deuda, además de aprovechar las oportunidades de crecimiento internacional; y, por si fuera poco, la posibilidad, cara al futuro, de obtener importantes plusvalías urbanísticas con los terrenos de su propiedad ubicados en las proximidades de los aeropuertos.
Normal que ante semejante “chollo” especuladores internaciones como Soros hayan anunciado previamente su interés en invertir 200 o 300 millones de euros y que le primer día de salida a bolsa, los valores se haya revalorizado casi el 21%, proporcionando en un solo día una ganancia de 800 millones a los grandes fondos que han entrado en el capital.
El éxito de la privatización acredita cuán contraria al interés general resulta desde la perspectiva económica, pero también desde la consideración de que el transporte aéreo es clave para uno de los sectores más importantes de la economía española, el turístico, e imprescindible en la vertebración y las comunicaciones internas, abriéndose serias incógnitas sobre el destino de los aeropuertos, como el de Asturias, que se sitúan en el borde de la rentabilidad o den pérdidas.
Pero es que, además, el proceso ha sido truculento. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con sus reservas lo frenó en dos ocasiones. El proceso previo de selección de los tres inversores que debían de constituir el núcleo duro quedó invalidado porque sus ofertas se situaron por debajo del precio de salida a Bolsa, pero no sin antes dejar en evidencia al Ejecutivo por seleccionar a un Fondo británico gestionado por una empresa con sede en Luxemburgo (recuérdese las “ejemplares” prácticas fiscales del Gran Ducado bajo la égida de Juncker), a su vez propiedad de otra sociedad con sede en las Islas Caimán.
Por otro lado, las masivas solicitudes de compra por pequeños inversores no pudieron ser satisfechas nada más que en una quinta parte porque el Ministerio prefirió mantener el porcentaje del 2,5% de participación que les adjudicó en un principio y mantener lo ofertado a los grandes Fondos de Inversión aunque pudieran tener presencia en competidores directos de AENA.
Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, con la privatización de AENA para que unos pocos ganen, perdemos todos.
Texto: Jesús Iglesias, senador por Izquierda Unida
