La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que agrupa a más de 50 compañías operadoras en los aeropuertos españoles, considera que las discrepancias entre el partido del Gobierno y el de la Oposición con respecto a la privatización de la gestión en los aeropuertos españoles, a menos de dos meses de las Elecciones Generales, constituyen un nuevo motivo de incertidumbre para la actividad del transporte aéreo en España. Y es que tomar decisiones trascendentes, no consensuadas y en el final de la legislatura, para una actividad esencial como es la del transporte aéreo, no parece que sea lo más conveniente.
Según indica ALA en un comunicado, en bastantes ocasiones, y en múltiples foros, ha manifestado la opinión de que lo relevante no es la titularidad pública o privada de los aeropuertos, sino la eficiencia de la gestión que se realice desde cualquiera de esos ámbitos. La cadena de valor del transporte aéreo ha seguido procesos de privatización desiguales, y mientras las compañías aéreas lo hicieron hace ya bastantes años, dando lugar a situaciones de Competencia y de Mercado en línea con la mayoría de actividades económicas, no ocurrió lo mismo con la gestión de la navegación, la de los aeropuertos, y otros más.
ALA cree en la gestión privada de cualquier actividad, pero no olvida que los aeropuertos son «monopolios naturales», y que esa condición puede dar lugar a situaciones que impidan el normal desarrollo de la competencia y del mercado. Conocer las reglas del juego, es una aspiración de las compañías aéreas, que se convierte en una necesidad para determinar sus estrategias de futuro. No conocerlas, o vislumbrar un resultado de mayores costes operativos, origina planes de negocio «a la expectativa» que generalmente suponen reducciones de producción y pérdida de oportunidades para todos.
Constatar que una gran parte de los aeropuertos españoles es deficitaria y que algunos son manifiestamente inviables, nos sitúa ante una realidad difícil de asimilar. Si se privatizan los que tienen beneficios, las compañías aéreas, a través de las Tasas y los Precios, tendrán que generar el margen empresarial de los entrantes, y al mismo tiempo amortizar las pérdidas de los aeropuertos que no se privaticen.
Es decir, tendrán que pagar más en un entorno tan difícil como el que están viviendo, tanto por la contracción del Mercado como por los precios del Combustible, y por la política de unos ferrocarriles subvencionados, al menos en sus costes de infraestructura, en corredores que compiten directamente con el transporte aéreo.
Este mismo año, las compañías aéreas y sus pasajeros, han debido asumir incrementos de tasas aeroportuarias que triplican, y aún más, el I.P.C. anual; en Barajas han supuesto el 17%, y en El Prat 12%; y cuando la historia reciente nos describe una docena de fracasos empresariales, con una gran incidencia sobre los ciudadanos, parece que es necesario reflexionar sobre la oportunidad y el coste de las alternativas.
Creemos que los periodos electorales son más para la propuesta de modelos, que para la ejecución de proyectos, sobre todo si han sido decididos de forma, en nuestra opinión, precipitada y poco explicada, sin que figurase en el Programa de Gobierno y al final de una legislatura, con la paradoja de que los responsables de ejecutarlos pueden estar fuera de la gestión, incluso antes de que concluya el proceso.
Por ello pensamos que lo más prudente sería aplazar las decisiones – la privatización puede esperar – a la culminación del proceso electoral, y a que el nuevo gobierno que debe constituirse a partir de esas elecciones, tome las decisiones de acuerdo con su Programa Electoral sobre esta materia.
