Un total de 120 organizaciones sociales, vecinales y ecologistas, representantes de cientos de entidades de todo tipo han reclamado al Gobierno de España que paralice los proyectos de ampliación de los aeropuertos de Adolfo Suárez – Madrid Barajas y Josep Tarradellas – Barcelona El Prat.
Mediante esta demanda, los colectivos responden a la campaña que está realizando Aena para obtener apoyos en diferentes ámbitos, sin ningún proyecto presentado públicamente y con total ausencia de justificación técnica, social, ambiental, económica, financiera y presupuestaria.
La decisión final sobre el futuro de dichos planes de expansión, con un coste inicial de unos 3.400 millones de euros y cuyas obras no darían comienzo hasta 2025, deberá darse a conocer por el Gobierno en el próximo Consejo de Ministros del 30 de septiembre.
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Para las organizaciones los proyectos de ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona -no son los únicos previstos en la geografía española- constituyen dos ejemplos claros de una política de transporte centrada casi exclusivamente en la construcción de grandes infraestructuras en favor de los medios más contaminantes, como el avión.
Esta visión de la movilidad promovida por el Gobierno se sitúa en el extremo opuesto al modelo hacia el que necesitamos transitar en el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos. Un modelo orientado al fomento de los modos de transporte más eficientes energéticamente y con menores emisiones, y en el que las inversiones prioricen las necesidades de desplazamiento del conjunto de la población y no la rentabilidad económica de unos pocos operadores económicos.
Teniendo en cuenta lo anterior, las más de 100 organizaciones firmantes han manifestado su oposición a los mencionados proyectos de ampliación de aeropuertos y han reclamado su cancelación tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas y municipios implicados, por las siguientes razones:
Impactos climáticos y ambientales
Europa ha acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en, al menos, un 55 % de aquí a 2030, respecto a los niveles de 1990. La aviación constituye, con gran diferencia, el medio de transporte que genera más emisiones de GEI por pasajero transportado. En 2019, el aeropuerto de Barcelona – El Prat generó 8,4 millones de toneladas de CO2, más del doble de todas las emisiones derivadas del consumo de energía de la ciudad.
Teniendo en cuenta la ampliación de capacidad prevista -de 55 a 70 millones de pasajeros al año-, las emisiones podrían llegar a aumentar, como mínimo, un 33 % según un Informe reciente de la Agencia de Desarrollo Urbano de Barcelona. De igual manera, el aumento de la capacidad de Madrid – Barajas (de 70 a 80 millones) supondría un aumento exponencial de las emisiones. Algo totalmente incompatible con los compromisos europeos y con la legislación ambiental de ámbito tanto estatal como autonómica.
Por otro lado, la ampliación de infraestructuras aeroportuarias incide muy negativamente en los ecosistemas y la fauna del entorno. Esto es especialmente preocupante en el caso de Barcelona – El Prat, ya que la ampliación del aeropuerto está prevista en la zona de La Ricarda, un espacio protegido por la Red Natura 2000. La ampliación de la tercera pista pondría, además, en peligro el sistema de acuíferos que garantiza el consumo de agua potable del área metropolitana y el buen estado de los espacios naturales y agrarios del Delta del Llobregat.
Cabe recordar, además, que el pasado mes de febrero la Comisión Europea abrió un procedimiento contra el Estado Español por la negligencia en la protección del delta, y ha pedido explicaciones tanto al Gobierno como a la Generalitat sobre las acciones que están desarrollando para preservar la zona. A día de hoy, AENA todavía no ha cumplido con las acciones de compensación ambiental comprometidas en la anterior ampliación del aeropuerto, fijadas en la declaración de impacto ambiental de 1998 y las vuelve a presentar como si fueran nuevas en esta nueva ampliación, afectando al espacio agrícola y evadiendo otros impactos como el aumento de emisiones.
Impactos sociosanitarios en la población
A pesar de ser frecuentemente invisibilizados, el transporte aéreo y la actividad aeroportuariason una importante fuente de partículas ultrafinas, hollín y ruido, entre otros. Numerosos estudios han demostrado cómo la población cercana a los aeropuertos tiene una mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, discapacidad auditiva, alteraciones del sueño o deterioro del rendimiento cognitivo.
Proyectos especulativos en contra del interés general
En el escenario de crisis de la aviación, energética y contracción económica, las inversiones presentadas con un coste de aproximadamente 3.400 millones de euros, representan una operación especulativa que fundamentalmente favorece a constructoras y bancos, así como al accionariado privado de Aena (49 %), donde participan algunos de los mayores fondos de inversión mundial.
En este sentido, teniendo en cuenta las inciertas perspectivas de recuperación del tráfico aéreo a nivel global y de caída de la producción mundial del petróleo, del que la aviación seguirá siendo dependiente en el medio y largo plazo, presentar inversiones de crecimiento de infraestructuras aeroportuarias sólo puede entenderse como una maniobra para ocultar la profunda crisis financiera de Aena.
Estos proyectos responden asimismo a los intereses de los grandes capitales inmobiliarios y del turismo masivo, que tratan de obtener réditos a corto plazo en la crisis global actual. Un modelo que está en el origen del aumento de desigualdades, la expulsión habitacional, la destrucción del comercio de proximidad de los barrios, la precarización y explotación laboral, la contaminación del aire y sonora, el aumento exponencial en las emisiones de CO2 y la pérdida de espacios agrarios y naturales.
Peticiones al gobierno de los colectivos firmantes
1.- La paralización indefinida de cualquier ampliación de infraestructuras aeroportuarias y planes de crecimiento de la aviación (tanto ampliación de pistas, como nuevas terminales y nuevas conexiones ferroviarias entre aeropuertos) así como los proyectos inmobiliarios asociados de ciudades aeroportuarias, un modelo que favorece a grandes capitales a costa de la población y del planeta.
2.- La puesta en marcha de un plan de redimensionamiento de AENA que incluya el cierre de aeropuertos ya deficitarios antes de la pandemia y la eliminación de los vuelos en trayectos cortos que tengan alternativa ferroviaria, con el objetivo de evitar la socialización de las pérdidas de la compañía a cargo del erario público y el cumplimiento de los objetivos climáticos.
3.- Su responsabilización en la gestión de las políticas de transporte en aras al interés general, dejando a un lado los intereses privados de entes como AENA.
4.- La inversión del dinero de todas en medidas de protección de los servicios públicos y de aquellos sectores esenciales más vulnerables, como el del transporte, condicionando dichas inversiones a criterios de sostenibilidad.
5.- La redefinición de su actual política de transporte, con el objetivo de construir un modelo de movilidad justo, sostenible y resiliente que satisfaga las necesidades del conjunto de la población y respete los límites del planeta, dedicando las inversiones hacia aquellos modos más justos social y ambientalmente, como el ferrocarril.
