El Gobierno destinará 12 millones de euros en 2015 y 2016 para efectuar deportaciones de inmigrantes en situación irregular a sus países de origen. El Ministerio de Interior ha iniciado los trámites de la convocatoria de concurso público del «transporte aéreo de repatriados» para lo que se emplearán 9.075.000 euros en 2015 y 3.025.000 euros en 2016, según aprobó el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre.
El presupuesto destinado a las deportaciones forzosas, acompañadas siempre de un fuerte despliegue policial, ha disminuido notablemente con respecto al dinero destinado en el anterior contrato, que finalizará el 28 de febrero de 2015. El concurso público para este periodo, que fue adjudicado a Air Europa Y Swift Air, alcanzaba el doble en dos anualidades: 24,2 millones de euros para expulsar a personas en situación irregular en 2013 y 2014.
Los vuelos de deportación que parten de territorio español pueden ser de dos tipos: los fletados por el Ministerio del Interior en solitario o los efectuados en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex). Además, las repatriaciones también pueden producirse en vuelos comerciales, en los que el expulsado viaja junto a otras personas que nada tienen que ver con el proceso de devolución, o en barco, en el caso de, por ejemplo, las repatriaciones a Marruecos.
El Gobierno no ha especificado las razones del descenso drástico de los fondos. Se desconoce si se prevé la ejecución de menos deportaciones o si, por el contrario, la intención del Ejecutivo es adelantar el concurso del próximo año, dado que la diferencia presupuestal existente entre 2015 y 2016 también es muy drástica. Este periódico ha contactado con el Ministerio del Interior pero no ha obtenido respuesta por el momento.
El Ejecutivo tan solo ha confirmado la iniciación de trámites para la adjudicación de un nuevo contrato público. Durante los dos años anteriores, Air Europa se ha encargado de las expulsiones en grandes vuelos con destino a América Latina, África subsahariana, Europa del Este y Asia, explican fuentes de la Campaña por el Cierre de los CIE que hacen seguimiento de los procesos de reptriación. Swift Air se dedicaba a los vuelos con destino a Marruecos, vía Melilla o Jerez de la Frontera, así como a los traslados internos entre diversos CIE dentro del Estado español, recuerdan.
Movimientos sociales, como la Campaña por el Cierre de los CIE, llevan varios años denunciando las vulneraciones de derechos humanos producidas en el interior de los vuelos de deportación o durante los traslados al aeropuerto. Se trata de operativos opacos, de los que el Ejecutivo no aporta prácticamente datos al respecto.
El reglamento que determina las normas del dispositivo policial durante las repatriaciones permite prácticas cuestionadas por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por Amnistía Internacional, como las sedaciones forzosas siempre que lo determine un médico, que pertenece a la Policía, por «razones de seguridad».
La Dirección General de la Policía creó este documento en septiembre de 2007, tres meses después de la muerte de Osamuyi Aikpitanyi, de origen nigeriano, en un vuelo de deportación Madrid-Lagos. Las ONG aseguran que murió de asfixia por culpa de la cinta que amordazaba su boca.
Denuncias de agresiones «injustificadas»
Varios testimonios de repatriados recogidos por eldiario.es y movimientos sociales denuncian agresiones «injustificadas» e insultos racistas por parte de los agentes encargados de custodiar los vuelos. Durante las deportaciones efectuadas a través de los vuelos fletados por el Ministerio del Interior, el reglamento policial establece que, como mínimo, el número de policías debe igualar al número de repatriados. Sin embargo, los inmigrantes expulsados consultados por este periódico coinciden en que, en su mayoría, cada inmigrante va escoltado por dos miembros de las fuerzas de seguridad.
La Campaña por el Cierre de los CIE ha denunciado «la violencia e impunidad policial ejercida por los escoltas en los operativos de deportación». Según alerta, «la policía humilla a las personas deportadas, les propina verdaderas palizas, las engrilleta, les coloca camisas de fuerza, las amordaza, les inyecta sedantes, etc». Son algunas de las razones por las que exigen «la derogación de los contratos y el fin definitivo de las repatriaciones» y piden el boicot contra las empresas que participan en estos operativos de expulsión.
148 vuelos en 2013
En la actualidad, la única institución que proporciona datos sobre este asunto es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), es decir, el Defensor del Pueblo. Según su último informe, España fletó en solitario o en coordinación con Frontex 148 vuelos de repatriación el año pasado con los que se deportó a 3.111 inmigrantes, según informa Europa Press.
Frontex participó en 18 vuelos conjuntos organizados por distintos países de Frontex con los que deportó a 445 personas a destinos como Lagos (Nigeria), Islamabad (Pakistán), Tirana (Albania), Tiflis (Georgia), Quito (Ecuador), Bogotá (Colombia) o Kiev (Ucrania).
Asimismo, España fletó mediante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras 15 vuelos internacionales en solitario, que llevaron a 648 inmigrantes a Nigeria, Senegal, Ghana, Mauritania, Colombia, Ecuador y República Dominicana en distintas fechas del año pasado. Todos salieron de Madrid y siete hicieron escala en Tenerife, Las Palmas y Málaga.
Texto: Gabriela Sánchez – Publicado en www.eldiario.es
