Fallecieron los cuatro ocupantes de un avión del Aeroclub que chocó contra una grúa ilegal
El juicio que debía celebrarse contra los cuatro acusados por el accidente de un avión del Aeroclub Barcelona Sabadell, en Sant Quirze del Vallès, al impactar contra una grúa, se ha resuelto esta semana con una sentencia de conformidad entre los acusados y la Fiscalía, lo cual ha hecho innecesaria la vista oral. En el siniestro, ocurrido el 24 de octubre de 2005, perdieron la vida los cuatro ocupantes del avión.
La celebración de la vista oral recayó en el juzgado penal 3 de Sabadell. En la sala de vistas, el pasado jueves los 12 abogados perdonados en la causa y el ministerio fiscal pactaron, con la aquiescencia de los procesados, que se imponga a Jesús Hervás de Diego, Juan Solé Farreny y Jaime Permanyer Arguelaguert penas a cada uno de dos años de prisión por cuatro delitos de homicidio imprudente. El cuarto encausado, Francisco Contreras Hernández, sólo deberá pagar una multa que totaliza 180 euros por una falta de imprudencia con resultado de muerte. Contreras era concejal de Urbanismo en el ayuntamiento de Sant Quirze cuando ocurrió el accidente y, por tanto, era el responsable de disciplina urbanística.
Por lo que se refiere a la responsabilidad civil, las aseguradoras de la empresa propietaria de la grúa, de la promotora Mas Duran y del Ayuntamiento de Sant Quirze indemnizarán conjuntamente a los familiares de cada fallecido con 230.000 euros.
En el escrito de acusación del fiscal, que de facto es la sentencia del procedimiento, se explica que la tarde del 24 de octubre de 2005 despegó del aeropuerto de Sabadell un avión Cessna 172 propiedad del Aeroclub. Lo hizo en dirección Sant Quirze y lo pilotaba Albert Galvany, que tenía 27 años. Le acompañaban sus amigos Antonio Martín, Ferrán Claramunt y Xavier Montmay.
Según el fiscal, el avión «se hallaba en perfecto funcionamiento» aunque al llevar entorno a 150 kilos de sobrepeso, realizó un ascenso «anormalmente bajo e irregular». Un minuto después del despegue se topó «con una grúa de construcción instalada dentro del radio de 2.500 metros que conforma la servidumbre aeronáutica». Esta instalada en la calle Dolors Monserdà i Vidal. El brazo de grúa invadía la servidumbre en 17,4 metros, según detalla la acusación.
El impactó del avión contra el brazo de la grúa provocó que el motor del aparato quedase incrustado entre los hierros de la máquina y que el avión cayese en un bloque en construcción, incendiándose y causando la muerte a los ocupantes.
En otro párrafo, se subraya que la grúa se instaló en febrero de 2005 -ocho meses antes del accidente-, sin que se hubiese pedido al Ayuntamiento la licencia de obras. A continuación, «por resolución de 11 de abril de 2005 el Ayuntamiento requirió a Mas Duran SA para que pidiera la autorización a Aviación Civil (AC), preceptiva por hallarse la grúa en zona de servidumbre aeronáutica. Dicho requerimiento no fue cumplimentado» ya que la promotora no pidió el permiso.
Según el fiscal Jesús Hervás, propietario de la grúa, sabía que invadía las servidumbres aeronáuticas, porque con anterioridad AC le había denegado dos veces el permiso para poner otra grúa en una calle próxima. Por este motivo, ni pidió la licencia al Ayuntamiento ni solicitó el permiso de AC.
El mismo conocimiento tenían Jaime Permanyer y Juan Solé, que eran administradores solidarios y de hecho de la empresa constructora Mas Duran SA. Al concejal se le reprocha que no adoptase medidas para evitar el montaje de la grúa. También, que hizo dejación «de sus funciones inspectoras» y permitió «conscientemente la existencia de un riesgo para la circulación aérea, que se materializó en la colisión mortal».
Un accidente en plena burbuja inmobiliaria
El accidente aéreo tuvo repercusión nacional durante varios días. Porque, además de conmocionar a la comunidad aeronáutica, supuso un claro atropello durante los 21 días posteriores para el Aeropuerto de Sabadell y las más de 400 personas que trabajaban en las empresas ubicadas en el interior de recinto aeroportuario.
La ministra socialista de Fomento, Magdalena Álvarez, ordenó el cierre de la instalación, que dejó el campo de vuelo sin oír el ruido de motores y hélices en acción hasta el 14 de noviembre siguiente. A los pocos días los indicios de que la grúa carecía de permisos, eran evidentes para los responsables de Aena y Fomento. Sin embargo, la grúa no se desmontó del todo.
La instalación se abrió al tráfico aéreo tras retirar lo que quedaba de la grúa pero sin despejarse el futuro del aeropuerto. Las protestas de grupos de vecinos de Badia, Barberà del Vallès y Sant Quirze por la existencia del aeropuerto arreciaron y los políticos de estos municipios les jalearon y siguieron la corriente, ignorando que nunca ninguna persona ha sufrido daños físicos por los accidentes aéreos o aterrizajes de emergencia que ocasionalmente se han producido en las inmediaciones del Aeropuerto.
Entonces, la burbuja inmobiliaria estaba en su apogeo y las poblaciones cercanas al aeropuerto, a excepción de Sabadell, que siempre ha visto con simpatía la instalación, lo veían como un freno a sus planes de expansión urbanística. El presidente del Aeroclub, Carles Martí, denunció que se vendían pisos diciendo a los compradores que el Aeropuerto acabaría desapareciendo. Martí pidió que las operaciones inmobiliarias en el entorno del Aeropuerto que se firmasen ante notario, se hiciesen advirtiendo al comprador de la existencia del Aeropuerto y que este genera tráfico de aeronaves.
Durante los días que estuvo cerrado el Aeropuerto, los trabajadores se manifestaron en dos ocasiones cortando el tráfico de la C-58 y una en Barcelona ante la Delegación del Gobierno. Además, el alcalde Manuel Bustos se desplazó a Madrid donde se reunió con responsables de fomento y Aena, para tratar la reapertura de la instalación. Entonces, se planteó el traspaso de la instalación a la Generalitat, pero el acuerdo no se concretó.
