La directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Isabel Maestre, se comprometió el pasado miércoles con los agentes del sector a publicar en enero un borrador de Real Decreto que regule las operaciones de salvamento marítimo y extinción de incendios, dos operaciones que carecen de legislación que establezca unas pautas mínimas sobre su funcionamiento.
El compromiso de la Agencia se obtuvo durante una jornada de trabajo sobre el sector de helicópteros y trabajos aéreos convocada en la sede de AESA. La jornada se auspició ante el alarmante dato de siniestralidad de los trabajos aéreos en este año 2011, en el que ya han muerto 20 personas en doce accidentes.
A ella acudieron representantes de los empresarios y los trabajadores del sector, así como la alta cúpula de la AESA, formada por su directora y los Directores de Seguridad de áreas concretas (aeronaves, aeropuertos y navegación aérea y aviación civil y protección al usuario). Se formaron 3 grupos de trabajo independientes: Legislación y Regulación, Condicionantes de la actividad Procedimientos Operacionales asociados y Empresas. De esta manera cada grupo ha hecho un diagnóstico propio de la situación y finalmente han puesto en común sus conclusiones.
Así, SEPLA identificó el principal problema en la falta de regulación del sector, que se traduce en una libertad de las compañías a la hora de realizar sus operaciones. Por ello, es necesaria una regulación que incida especialmente en el entrenamiento de las tripulaciones, un aspecto clave para la seguridad operacional que actualmente se encuentra en un claro declive.
2011 ha resultado el año más mortífero del sector. “Han hecho falta 20 muertos en 12 accidentes para que, por fin, el organismo que vela por la seguridad de las operaciones aéreas en nuestro país comience a hacer algo”, apuntan fuentes de SEPLA que asistieron a las jornadas: “Esperemos que las promesas no se queden otra vez en papel mojado y sirvan para dar un vuelco a esta situación insostenible”.
Las más peligrosas
Precisamente, la búsqueda y salvamento (SAR) y la extinción de incendios son las operaciones de helicópteros más peligrosas y, a su vez, más extendidas en España. La extinción de incendios ha sufrido casi la mitad de los accidentes (el 43% de 2000 a 2010) ocurridos en los trabajos aéreos. Precisamente por ello, era imperativo redactar una normativa operacional que limite la capacidad de los operadores de realizar estas operaciones siguiendo unos requisitos mínimos de seguridad.
Además de la regulación, la Agencia ha prometido aumentar la cantidad y calidad de inspecciones que realizan tanto a las aeronaves como a los operadores aéreos que ofrecen sus servicios a la Administración. Asimismo, se ha comprometido a convocar a las Comunidades Autónomas para buscar soluciones conjuntas. La competencia de la mayoría de los trabajos aéreos que se realizan en España corresponde a las Comunidades Autónomas, que son quienes sacan el concurso público de adjudicación de estos servicios, al que acuden operadores privados. El principal operador en España es INAER, del que se estima que copa entre un 70 y un 80% del mercado.
