El Consejo de Ministros celebrado ayer ha autorizado la modificación de los límites de gasto que el Acuerdo de Consejo de Ministros del 20 de septiembre de 2013 fijó para la financiación por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Agencia Espacial Europea (ESA), de la participación de España en Programas Espaciales europeos.
La modificación supone autorizar gastos por importe de 1.368 millones de euros, frente a los 1.024 millones autorizados en el 2013.
El Ministerio de Industria, Energía y turismo plantea realizar dos actuaciones en relación con la Agencia Espacial Europa:
1.- Aportar una contribución adicional de 500.000 euros en cada uno de los ejercicios 2014 y 2015, con la finalidad de crear un Centro de Incubación de Empresas denominado ESA-BIC Madrid, dedicado al desarrollo y operación de la instrumentación de los satélites científicos de la ESA.
2.- Consolidar la aportación anual española a la Agencia España Europea de 152 millones de euros para el período 2015-2022 (en el Auto del Consejo de Ministros de 2013 las aportaciones eran menores), para que España alcance el nivel adecuado en los Programas que la ESA tiene previsto aprobar: desarrollar nuevos lanzadores, mantener en funcionamiento la Estación Espacial Internacional y realizar aportaciones y programas en curso, como son los cursos de exploración, vuelos tripulados, microgravedad, observación de la tierra, telecomunicaciones, tecnología y seguridad.
Beneficios
Dentro de los Programas propuestos por la Agencia Espacial Europea hay algunos susceptibles de ser realizados por empresas españolas (lanzadores, vuelos de tripulación y exploración, observación de la tierra, telecomunicaciones, tecnológicos y de seguridad), lo que generará retornos industriales para España que superarán las cuantías aportadas.
España es miembro fundador de la ESA, cuya actividad consiste en el diseño, desarrollo y fabricación de ingenios espaciales con contenido científico, tecnológico e industrial. La Agencia Espacial Europea se financia a través de las contribuciones de los estados miembros, asociados y cooperantes, que reciben un retorno proporcional a las contribuciones a través de contratos industriales a las empresas del país.
