Boeing anunció ayer que ha firmado un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. que resuelve la investigación del Departamento sobre la Compañía en relación con la evaluación del avión Boeing 737 MAX por la Administración Federal de Aviación (FAA). La compañía pagará en total 2.513 millones a aerolíneas, familiares de víctimas de dos accidentes aéreos y una multa.
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Como parte de la resolución de Boeing con el Departamento de Justicia acordó aplazar el enjuiciamiento de la empresa, siempre que Boeing cumpla con las obligaciones establecidas en un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años, después de lo cual se desestimará el cargo.
Según el acuerdo, Boeing pagará una multa de 243,6 millones de dólares y proporcionará 500 millones de euros en compensación adicional a las familias de las personas fallecidas en los accidentes de Lion Air y Ethiopian Airlines. El acuerdo también incluye el compromiso de proporcionar 1.770 mil millones a las aerolíneas de que adquirieron el Boeing 737 MAX como parte de los esfuerzos de la Compañía para compensar a los clientes por las pérdidas financieras resultantes de la puesta a tierra del 737 MAX.
El acuerdo se basa en la conducta de dos ex empleados de Boeing y su omisión intencional de informar al Grupo de Evaluación de Aeronaves (AEG) de la Autoridad Federal de Aviación (FAA), órgano responsable de tomar las determinaciones de entrenamiento de pilotos, sobre los cambios en el Sistema de Aumento de Características de Maniobra (MCAS).
Como resultado de esta conducta, el acuerdo establece que la FAA no estaba completamente informada sobre el rango operativo ampliado de MCAS cuando tomó sus determinaciones de entrenamiento para el MAX. Si bien se centra en la conducta de estos dos ex empleados, el acuerdo reconoce que otros empleados de Boeing informaron a otros funcionarios y organizaciones dentro de la FAA sobre el rango operativo ampliado de MCAS en relación con la certificación del 737 MAX.
David L. Calhoun, presidente y director ejecutivo de Boeing, dijo en una nota a los empleados: «Creo firmemente que firmar esta resolución es lo correcto para nosotros, un paso que reconoce adecuadamente cómo no cumplimos con nuestros valores y expectativas. Esta resolución es un recordatorio serio para todos nosotros de cuán crítica es nuestra obligación de transparencia con los reguladores y las consecuencias que nuestra compañía puede enfrentar si alguno de nosotros no cumple con esas expectativas».
