El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) y la Asociación de Consumidores FACUA – Consumidores en Acción han remitido una carta a la Ministra de Fomento, Ana Pastor, con un decálogo de reivindicaciones para la mejora de la seguridad aérea. Dentro de este contexto se le insta a intervenir en la votación que se producirá el próximo día 30 en el Parlamento Europeo.
Dicho día, la Comisión de Transportes decidirá si saca adelante la ley definitiva sobre tiempos de trabajo y descanso de las tripulaciones aéreas propuesta por la Comisión Europea, y que los pilotos consideran negativa para la seguridad aérea.
El decálogo de reivindicaciones es este:
1.- Establecer un sistema de control y supervisión efectivo y preventivo sobre las operaciones aéreas. Para ello, consideran que se debe contar con profesionales cualificados y con experiencia en la materia, como son los pilotos profesionales en activo. FACUA y SEPLA consideran necesario aplicar una labor de vigilancia desde la autoridad aeronáutica para impedir que se den incumplimientos de la normativa, malas prácticas o decisiones arbitrarias de las compañías.
2.- Reforzar la seguridad de trabajos aéreos como la extinción de incendios, el salvamento marítimo o el transporte de servicios medicalizados, servicios esenciales para el ciudadano que en muchos casos se desempeñan en condiciones de precariedad e inseguridad, critican los firmantes. Para ello, proponen recuperar la figura del oficial de tráfico de aeropuerto con el objetivo de que en todo momento exista al menos un representante de la autoridad aeronáutica ante los posibles problemas de seguridad, operacionales o de atención al pasajero que se puedan dar.
3.- Proteger la independencia del comandante a la hora de tomar decisiones sobre seguridad ante el actual aumento de las presiones por parte de los operadores. Los firmantes piden a la autoridad que garantice la independencia y el respeto a la toma de decisiones del comandante en materia de seguridad. Además, defienden que se prioricen los criterios de seguridad frente a los económicos y comerciales para contribuir a frenar la degradación generalizada de la aviación, y piden a la Administración que proteja a todo aquél que colabore con la seguridad operacional manteniendo su confidencialidad.
4.- Prevenir la fatiga en las tripulaciones aéreas. FACUA y Sepla consideran que la Administración española debe presionar en el seno de la Comisión Europea a favor de leyes menos permisivas con los tiempos de actividad de las tripulaciones y fomentar que se redacten según los criterios científicos al respecto.
5.- Más transparencia de la AESA para la resolución de sus informes y en la tramitación de denuncias. La agencia debe responder a todas aquellas consultas, quejas o denuncias recibidas de particulares u organizaciones, en la línea de la función de servicio que es de esperar de todo organismo público hacia los ciudadanos y profesionales, señalan en la carta. Para ello, consideran esencial llevar a cabo una labor de monitorización sobre las reclamaciones que presenten los pasajeros.
6.- Investigar los motivos argumentados por las compañías para la cancelación de vuelos. Así, si una compañía aérea intenta argumentar causas de fuerza mayor para eludir el pago de la correspondiente compensación ante un retraso o cancelación, pilotos y usuarios exigen que se compruebe si el motivo ha sido en realidad el esgrimido o, por el contrario, la empresa trata de eludir sus obligaciones. Igualmente, dentro de la ya presentada Ley de Transparencia, estiman oportuno incluir los presupuestos de Fomento para garantizar la seguridad de la aviación.
7.- Sancionar a las aerolíneas que incumplan sus obligaciones con los pasajeros. En todo caso, consideran que deben ser multadas aquellas compañías que nieguen indebidamente sus derechos a los usuarios ante grandes retrasos, cancelaciones u otras cuestiones que son competencia de Fomento para obligarles a presentar las reclamaciones ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. En caso de que la reclamación sea resuelta por la AESA a favor de los usuarios y las compañías sigan negándose a cumplir con la normativa, éstas deberán ser también sancionadas, algo que en la actualidad no sucede.
8.- Promover campañas anuales de inspección y control sobre los protocolos de venta de billetes de las compañías para comprobar si cumplen con el Reglamento europeo y la Ley de Navegación Aérea. En caso contrario, las autoridades deben instales a ello y aplicarles las correspondientes sanciones, que han de ser proporcionales al beneficio obtenido con las irregularidades cometidas, exigen FACUA y Sepla.
9.- Difundir públicamente las sanciones a las compañías aéreas y las infracciones cometidas. Es esencial que los usuarios conozcan qué irregularidades o incumplimientos cometen las aerolíneas antes de contratar un vuelo. Para usuarios y pilotos, Fomento no sólo debe hacer públicas las multas, sino que éstas deben quedar reflejadas en un registro público dedicado al efecto al que todos los pasajeros puedan tener acceso.
10.- Controlar la solvencia económica de los operadores aéreos. De esta forma se pueden evitar cierres inadvertidos que dejen desprotegidos tanto a los usuarios como a los profesionales afectados, como por desgracia ha ocurrido en demasiadas ocasiones en los últimos años, lamentan FACUA y Sepla.
