El Sindicato Libre de Transporte sector Aéreo (SLTA) ha iniciado una campaña para denunciar a pilotos de helicóptero y técnicos de mantenimiento de aeronaves que gozando de una plaza pública, bien sea en el ejército o en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ejercen también de forma dual en empresas privadas.
El primer paso ha sido la comunicación oficial tanto a los jefes de servicios aéreos de las distintas unidades gubernamentales como a la totalidad de las empresas del sector advirtiéndoles de estas ilegalidades.
De constatarse cualquier irregularidad, el sindicato presentará denuncias ante la Inspección de Trabajo y estudia otras alternativas judiciales, tanto por la vía civil como penal. STLA, presente en el comité de Inaer, compañía que copa el 80% del sector de los helicópteros en España, ya avisó el pasado año de que contratar a personal perteneciente a la Administración Pública para trabajar en el sector privado es una ilegalidad manifiesta, pues viola expresamente la Ley Orgánica 2/86 del 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Ley 53/84 del 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública.
Hay que tener en cuenta, además, el riesgo que supone este hecho para la seguridad de las operaciones, dado que ni las empresas ni las administraciones públicas pueden controlar los tiempos totales de actividad y de vuelo de los pilotos, que aprovechan sus días de descanso y vacaciones para ejercer en dos puestos distintos.
Se ignora, por tanto, si se superan los límites establecidos por la norma aeronáutica, en la Circular Operativa 16b, concebida para garantizar el correcto descanso de las tripulaciones y que les protege de la fatiga, un factor decisivo y contribuyente en muchos accidentes.
Los hechos relatados traen serias consecuencias para el colectivo de pilotos y ocurren fundamentalmente en precampaña y campaña de incendios, aunque cada vez son más los casos en que son contratados el resto del año.
La principal es la bajada de salarios generalizada al haber excedente de pilotos. Mientras que este grupo de trabajadores en activo de la Administración Pública pueden permitirse rebajarse el sueldo esos meses de campaña ya que tienen un segundo trabajo que les respalda, el resto del colectivo de pilotos sale claramente perjudicado al llevar únicamente a sus hogares con entre tres y cinco nóminas al año.
Por otro lado, la contratación de estos pilotos perjudica evidentemente la progresión profesional de copilotos estables de las empresas y por ende bloquea la entrada de los recién salidos de las escuelas.
Además para las empresas sale también más económico contratar Comandantes formados que formarlos ellos mismos ya que los sueldos de Comandantes bajo supervisión y su formación correspondiente es mayor. Del mismo modo, no es menos preocupante ni sorprendente la total pasividad de los diferentes estamentos existentes, especialmente la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), que una vez más demuestra la falta de medios y preocupación para garantizar algo tan esencial en la aviación como es la seguridad.
El compromiso de SLTA es actuar en consecuencia para proteger los derechos de todos los trabajadores que ejercen responsablemente dentro del marco de la legalidad.
