El comité de empresa de Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (USAF), ha convocado una huelga entre el 1 y el 5 de septiembre.
El ojetivo es protestar por el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que promueve VBR para extinguir 55 puestos de empleo entre la plantilla española de la base.
Asimismo, como medida de presión, un grupo de trabajadores tienen previsto iniciar hoy un encierro en el ayuntamiento de Morón, en el que pernoctarán hoy y mañana. El próximo miércoles, tienen previsto trasladar el encierro al ayuntamiento de Utrera.
Si los 55 despidos previstos se ejecutan, la base habrá perdido en los últimos años a 237 trabajadores civiles. Los sindicatos denuncian que trabajos venían realizando los despedidos han pasado a ejecutarlos los militares, pues la actividad no ha disminuido e incluso ha aumentado a raíz de los conflictos bélicos en Oriente Medio. En este sentido, sería la USAF la que indica a la empresa VBR que debe proceder a despedir a empleados.
A principios de agosto, el alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez (PSOE), se quejó de que el Gobierno central no haya tenido capacidad para anticiparse a esta situación que se viene registrando desde hace varios años y que afecta a un alto número de trabajadores, «ya que este es el tercer ERE» que la gestora ejecuta desde 2010.
El regidor socialista manifiestó que «hay bastante indignación, más aún cuando el ministro de Defensa, Pedro Morenés, había trasladado su preocupación por la situación de los trabajadores de la base».
El comité de empresa está convencido de que los representantes de VBR asisten a las reuniones sólo para cumplir sus obligaciones respecto a la legislación laboral y prevé agotar sin acuerdo las negociaciones para consumar después los despidos. Las indemnizaciones de este despido colectivo, por cierto, se reducen a 20 días de sueldo por año trabajado, el mínimo que admite la legislación laboral.
Esta nueva tanda de despidos, cabe recordarlo, llega mientras el Tribunal Supremo (TS) tiene aún pendiente de resolver el recurso promovido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara «no ajustado a derecho» el expediente de regulación de empleo consumado por VBR en 2013 con 66 despidos, sentencia que sin embargo no anula tales despidos.
El conflicto de la base
Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo «por causas organizativas», para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.
Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, VBR consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.
El tercer ERE
Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE para que, en conjunto, los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286.
De cualquier manera, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarase «no ajustado a derecho» el ERE de 2013 al atisbar incluso aspectos como un «incremento de tareas en determinados departamentos», los 66 trabajadores despidos a través de este procedimiento recurrieron ante el Tribunal Supremo a la búsqueda de la nulidad de los despidos, si bien la plantilla afronta ahora un nuevo conflicto con este tercer expediente de regulación de empleo anunciado por VBR.
