La defensa de los ocho trabajadores del grupo aeronáutico Airbus -acusados de atentado, lesiones y coacciones durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010-, la Fiscalía y el juez encargado del caso se reunieron ayer para intentar llegar a un acuerdo que evite el juicio.
Fue una reunión sin resultados: la Fiscalía ofrece incluir atenuantes que rebajen la pena, pero insiste en aplicar el polémico artículo 315 del Código Penal, que está sirviendo para encausar a decenas de trabajadores y sindicalistas, algo que la defensa rechaza. La petición de ocho años de prisión para cada trabajador sigue, por tanto, adelante.
El juez había fijado esta vista de conciliación para intentar acercar posturas, algo que parece difícil mientras el artículo 315 del Código Penal siga sobre la mesa. Este artículo se encuentra dentro de los delitos contra los derechos de los trabajadores y contempla penas para las personas que «actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga». Los sindicatos llevan meses en plena campaña para intentar que el Gobierno derogue o, al menos, modifique sustancialmente un artículo que data de antes de la Constitución y que consideran excesivo.
La Fiscalía ha mostrado su disposición a aplicar atenuantes que rebajen sustancialmente la pena, pero los acusados y su defensa, fuertemente respaldada por los sindicatos, no están dispuestos a aceptar la acusación actual. «Eso pasaría por aceptar los hechos tal y como los relata la Fiscalía y por aceptar la aplicación del 315. No estamos dispuestos a aceptar unos hechos que no se han producido ni un acusación indiscriminada como la que hacen», dice el abogado de los trabajadores, Antonio García.
Uno de los puntos sobre los que precisamente se basa la defensa es la acusación genérica que la Fiscalía hace en su escrito. Los hechos sucedieron el 29 de septiembre de 2010, durante la huelga general contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Zapatero: un grupo de trabajadores de la factoría de Airbus en Getafe y varios agentes antidisturbios se enfrentaron en un altercado que acabó con heridos, cargas policiales y tiros al aire.
En ese momento no se produjeron detenciones ni identificaciones y, aunque la Fiscalía sostiene que los acusados actuaron de mutuo acuerdo «con ánimo de menoscabar la integridad ajena y con claro conocimiento del derecho de los trabajadores de acudir a su centro de trabajo», las acusaciones no están individualizadas. No hay una descripción de qué hizo cada acusado, sino que les atribuyen a todos los mismos hechos. Los ocho formaban parte entonces, o lo habían hecho en el pasado, de la representación sindical en su empresa, que no ha formulado ninguna acusación contra ellos.
La falta de acuerdo ha hecho que el juez fije otra vista para febrero con la esperanza de que el pacto sea posible entonces. Lo que pase de aquí a entonces será clave: si el Ejecutivo introduce finalmente cambios en el Código Penal que afecten al artículo 315 o si directamente lo deroga, el caso daría un giro. Y eso es precisamente lo que buscan CCOO y UGT, que han mantenido reuniones con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y los grupos parlamentarios. De no haber cambios, el magistrado tendría entonces que señalar ya fecha para el juicio.
Recurso ante el Constitucional
Por otro lado, los ocho trabajadores de Airbus encausados han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que denuncian que la acusación contra ellos incurre en una «violación sistemática de derechos fundamentales conectados tanto con el ejercicio de la libertad sindical como en relación con las más elementales garantías procesales en relación con la formulación de una acusación penal».
El Constitucional aún no se ha pronunciado sobre si admite o no a trámite este recurso. De admitirlo podría, además, suspender todo el proceso contra ‘los ocho de Airbus’.
Texto: Ana Requena Aguilar – Publicado por www.eldiario.es
