En una comparecencia ante la comisión de defensa del Senado, el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA) ha conseguido el compromiso de algunos miembros la cámara de trabajar para acabar con la actividad dual de pilotos y técnicos de mantenimiento que gozan de plaza en la Administración Pública o el Ejército y, además, ejercen en el sector privado.
Aportando un amplio recopilatorio de pruebas y documentos, el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos trasladó a los miembros de la Comisión de Defensa su preocupación ante el incremento de estos casos de intrusismo que tanto dañan al sector.
Estos hechos suponen una ilegalidad manifiesta por contravenir la normativa nacional en cuanto al régimen de incompatibilidades y llevan produciéndose desde hace varias décadas ante la total pasividad por parte de los organismos competentes.
No sólo la ley se ve infringida, sino que esta doble actividad puede comprometer seriamente la seguridad de las operaciones aéreas, debido a que resulta imposible hacer un seguimiento de la actividad de los pilotos y mecánicos de helicópteros.
Eso impide comprobar si estos han rebasado el límite de días y horas de trabajo establecidos para garantizar el correcto descanso de las tripulaciones y mitigar la aparición de la fatiga, un factor de riesgo sumamente importante para desencadenar un accidente aéreo. Asimismo, este tipo de ilegalidades ha supuesto una degradación de las condiciones laborales, con una bajada de salarios generalizada, pérdida de puestos de trabajo y cierre de escuelas.
Ante estos hechos, la Comisión de Defensa ha tomado el compromiso con este sindicato y con toda la sociedad de investigar y realizar las acciones necesarias pertinentes para terminar con estas actividades.
Una de las primeras medidas será pedir la comparecencia de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) para que explique por qué no se han puesto los medios necesarios para hacer seguimiento de estos casos.
Cabe recordar que el índice de mortalidad de pilotos de helicóptero en España es desmedido, situándose en 261 fallecidos por cada cien mil trabajadores o, lo que es lo mismo, 80 (ochenta) veces mayor que la media nacional, por lo que es un trabajo que requiere de una especialización y dedicación exclusiva.
El criterio que el SLTA ha trasladado al Senado es que militares, funcionarios y personal del Estado, como servidores públicos que son, deben actuar ejemplarmente como garantes y defensores de la legalidad y abstenerse de realizar este tipo de actos inspirados en el ánimo de lucro y el interés personal que, además, comprometen el prestigio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con una imagen negativa ante la opinión pública.
Un militar, un policía, un guardia civil o un piloto de la DGT, es un defensor de la legalidad, de los derechos de sus compatriotas y está a su servicio, y no para servirse de ellos y quitar puestos de trabajo, hecho más doloroso si cabe en tiempos de crisis.
