El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) considera positiva la publicación del informe del BEA francés sobre el accidente de Germanwings ocurrido hace un año.
El organismo francés de investigación de accidentes aéreos (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation Civile, en francés) divulgó ayer el informe técnico definitivo sobre el siniestro. Las conclusiones reafirman los problemas de salud mental del copiloto Andreas Lubitz, del que un medico había llegado incluso a recomendar su internamiento en un hospital psiquiátrico.
El informe establece una serie de recomendaciones de seguridad para evitar que una persona con problemas de salud mental tan graves pueda pilotar un avión. Según el propio informe, la efectividad de estas medidas dependerá de que se implementen todas juntas como un paquete, insistiendo en que «su tratamiento por separado o la implementación de tan solo una parte de ellas podría ser contraproducente y no proporcionarían las ventajas de seguridad esperadas».
Crítica a que haya siempre dos personas en cabina
Desde el mismo momento del accidente, la industria aeronáutica ha centrado sus esfuerzos en adoptar soluciones que ayuden a evitar siniestros parecidos. Con ese afán se han tomado decisiones en caliente como la recomendación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea de que haya siempre dos personas como mínimo en las cabinas de los aviones. Entendemos que esta recomendación no fue fruto del resultado de un análisis de riesgo anterior a su implementación, y podría tener el potencial de generar unas consecuencias negativas superiores al beneficio que intentaban obtener.
Posteriormente, las medidas adoptadas tanto por las autoridades aeronáuticas europeas como por las nacionales han ido encaminadas a identificar posibles problemas psicológicos de los pilotos para evitar que puedan desempeñar su trabajo en los casos más críticos, como fue el del propio Lubitz.
Así, el informe recientemente plantea la posibilidad de que los médicos puedan romper su deber de confidencialidad médica cuando estimen que el paciente pueda representar un peligro público.
El SEPLA considera que hay que ser especialmente cuidadoso a la hora de plantear medidas como la opción de romper el secreto médico-paciente, ya que podría inhibir a este último de informar a los médicos de su verdadero estado de salud, ocultando información imprescindible para su diagnóstico. Cualquier medida que pueda suponer un perjuicio profesional o económico para un profesional va en contra de los principios de la cultura justa, pilar fundamental en la seguridad aérea que se basa en el libre intercambio de información entre profesionales y empresas.
Por ese motivo SEPLA quiere enfatizar en la necesidad de implantar en el seno de las compañías programas de apoyo a los pilotos que hayan manifestado problemas de salud mental, que se basen en protocolos de actuación más proactivos. El informe también incide en la necesidad de estos programas, compuestos en parte por compañeros de profesión que prestan apoyo voluntario.
En España, SEPLA lleva cuatro años poniendo en práctica un programa de este tipo (CIRP, Critical Incident Response Program), que se basa en buscar apoyo entre pilotos que sepan gestionar situaciones de estrés.
«Creemos que un programa de estas características podría ser extrapolable a otras situaciones en las que se detecte que un compañero pueda estar viviendo una situación de estrés», afirman desde la Asociación Española de Pilotos, impulsora del proyecto. El Programa CIRP ya demostró su eficacia tras el accidente de la aerolínea Swiftair en Mali en julio de 2014. Entonces, pilotos de otras aerolíneas españolas y miembros de la Vocalía Técnica de SEPLA ayudaron a varios pilotos y tripulantes de Swiftair a superar la situación generada por la muerte de varios compañeros.
No criminalizar
SEPLA pone al servicio de autoridades médicas y aeronáuticas, de compañías o de quien pudiera requerirlo, su experiencia y conocimientos para fomentar este tipo de programas en el seno de las organizaciones. «Hay que tratar de no criminalizar a quien en realidad es víctima de una enfermedad. Ayudarle a gestionar su problema y apartarle de su trabajo hasta su plena recuperación, evitando en todo momento el estigma que supone ser reconocido como un enfermo mental y, lo que es peor, un potencial peligro».
