El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catluña ha iniciado una actuación de oficio, a través de la Inspección de Trabajo de Cataluña, para comprobar si la decisión empresarial de Ryanair con respecto a la plantilla de Girona es «ajustada a derecho».
Trabajo investiga tanto una «posible vulneración» del procedimiento establecido para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo como la medida alternativa que propone la empresa en caso de desacuerdo con estos cambios. La Generalitat ha indicado que con la actuación pretende «garantizar» que la llegada y el mantenimiento de empresas en Cataluña «no se haga a costa de los derechos laborales».
Cabe recordar que ayer la portavoz de USO Ryanair, Lidia Arasanz, denunció que la compañía no considera válidos los contratos en que los trabajadores de la base de Girona han hecho constar en un anexo su disconformidad con las condiciones propuestas por la aerolínea a cambio de no cerrar la base de Vilobí d’Onyar.
Según Arasanz, la respuesta que recibieron de Ryanair dos días después es que, al no ser válidos, irían se es incluía en el ERE que promueve la empresa y que, por tanto, podrían ser despedidos. «No hemos modificado ninguna parte del contrato», ha defendido Arasanz, que añadió que sólo han hecho constar que «había cláusulas que no sabíamos hasta qué punto estaban dentro de los mínimos de los derechos de los trabajadores».
Sobre este asunto, aconsejamos leer la editorial que hoy publica el diario El Pais, titulado «Coacción aérea» (clicar aquí)
