Hoy han comenzado a declarar en la Audiencia Provincial de Barcelona los 27 trabajadores procesados por la invasión de las pistas del aeropuerto de Barcelona el 28 julio de 2006, lo cual provocó la cancelación de cientos de vuelos y un caos en la instalación que tardó varios día en resolverse. La acción de los trabajadores se debió a que temían perder sus puestos de trabajo al hacerse público que la concesión del servicio de handling se había adjudicado a otra empresa del sector. El juicio se prevé que dure hasta finales de febrero.
Al inicio de la sesión el magistrado Gerard Thomas leyó un acto en el que resolvía las cuestiones previas que habían planteado los letrados en la sesión inicial del pasado día 5. El juez acordó rechazar la suspensión del juicio que habían plantado las defensas. Éstas alegaron que los trabajadores están acusados por un delito contra la seguridad del tráfico aéreo, que tiene su base jurídica en la Ley de Navegación Aérea, que data de 1964 y que, por tanto, es preconstitucional. Asimismo, plantearon que la misma prohíbe el derecho de huelga, reconocido por la Constitución.
El juez dijo que la calificación de hechos realizada por el fiscal es «provisional» y que, en todo caso, será la sentencia la que dictamine si se vulneran los derechos de los encausados.
Asimismo, rechazó la pretensión de que en el juicio no se utilicen como prueba acusatoria las imágenes captadas por las cámaras de AENA en el propio aeropuerto y las de la cadena de televisión Antena 3.
Y, también, admitió la pretensión del letrado de Iberia, que pidió que AENA se retire del procedimiento. Sobre esta cuestión, conviene precisar que AENA interpuso una demanda civil contra Iberia en un juzgado de Madrid, pues reclama a la aerolínea como responsable civil subsidiario más de 7 millones de euros de indemnización por los daños y perjuicios ocasionadas por los que entonces eran sus trabajadores de handling. El tribunal ha acordado que no procede que en este juicio se formule dicha reclamación, al existir un juzgado que se encarga de dilucidarla. AENA corrió en su día con los gastos de indemnización a los pasajeros afectados por la huelga.
El primer acusado en declarar fue Omar Minguillón, miembro del comité de empresa y presidente de la sección sindical de UGT de Iberia.
Preguntado por el ministerio fiscal relató que el día de los hechos los trabajadores estaban muy «crispados», al saberse que la concesión del servicio de handling se adjudicaba a una empresa distinta a la que pertenecían. Dijo que cuando se fue a tomar un café vio como se concentraban de forma espontánea los trabajadores, motivo por el cual se dirigió a ellos desde un estrado -según la fiscal, se subió encima de un vehículo- y les habló. Manifestó que fue para explicarles que el convenio colectivo estipulaba que la nueva empresa debía subrogarse la plantilla, motivo por el cual la «mayoría» de puestos de trabajos estaban a salvo. Sólo podían peligrar los que tuviesen contratos eventuales.
Temor a perder el empleo
Minguillón argumentó que trató de calmar a la gente, al explicar que no tenían que temer por su futuro laboral. Negó que les incitase a invadir las pistas, aunque la acusación le dijo que las imágenes registradas por AENA muestran a los trabajadores apludiendo su intervención. Para la fiscal es una contradicción que le apludiesen si les decía que no invadiesen las pistas, lo cual hicieron minutos después.
Sobre esta cuestión, un capitán de la Guardia Civil que presenció los hechos testificará. Entonces, precisará si la conducta del líder sindical fue la de incitar a la invasión de las pistas o la de contener el malestar de sus compañeros.
Locura colectiva
Según el sindicalistas, los trabajadores «estaban extremadamente alterados»; padecían una «especie de locura colectiva»; estaban «muy nerviosos, necesitaban información» y «unos se contagiaban a otros». Afirmó que «no me hacían caso» y que por este motivo, oyó gritos del tipo «a las pistas, ocupémoslas», sin que pudiese impedirlo. La invasión de la pistas la protagonizaron muchos más trabajadores de los que se sientan en el banquillo de los acusados.
Al inicio del juicio, varias decenas de sindicalistas de UGT se concentraron en la entrada de la Audiencia Provincial. Exhibieron una pancarta en la que podía leerse «Somos trabajadores y trabajadoras. No somos delincuentes».
Texto, Edición y Fotos: José Fernández
