Airbus ha anunciado que reducirá su plantilla en alrededor de 15.000 personas durante los próximos 12 meses. El proceso de información y consulta con los interlocutores sociales ha comenzado con miras a alcanzar acuerdos para la implementación a partir del otoño de 2020.
Bombardier anunció el pasado viernes que reducirá la plantilla de su división de aviones ejecutivos en función de las condiciones actuales del mercado, reflejando las extraordinarias interrupciones y desafíos causados por la pandemia de covid-19.
3.178 personas que trabajan para Airbus Operaciones en Getafe, Illescas y Puerto Real, estarán afectadas por el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que los sindicatos alcanzaron con el gigante aeronáutico, al caer un tercio de los programas por causas vinculadas al Covid-19.
Los sindicatos que representan a los tripulantes de vuelo de Norwegian en España, Sepla y USO, han presentado una demanda de conciliación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) -paso previo a la celebración de un juicio ordinario- contra Norwegian por cesión ilegal de trabajadores.
Aciturri Aeroengines, filial de Aciturri Aeronáutica, con un centro de trabajo en Miranda de Ebro (Burgos), ha solicitado hoy formalmente a los representantes legales de los trabajadores la constitución de la comisión negociadora de Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) por causas productivas relacionadas con el Covid-19.
Iberia ha diseñado un Plan Integral de Seguridad e Higiene para sus empleados, en colaboración con la empresa líder en asistencia sanitaria Quirónsalud y de los representantes de los trabajadores y delegados de prevención laboral. El objetivo es dotar a todos sus empleados de un nivel de protección avanzado frente a la Covid-19.
El presidente de Boeing, Dave Calhoun, ha dirigido una carta a la plantilla de Boeing, unos 160.000 trabajadores en todo el mundo, en la que anuncia que la empresa se desprenderá del 10% de su fuerza laboral a consecuencia del impacto que la Covid-19 esta teniendo en la aviación mundial.
Los pilotos con contratos precarios, falsos autónomos o contratados a través de bróker están siendo los principales damnificados por las consecuencias de la crisis de la Covid-19 sobre el sector aéreo.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado la nulidad del despido colectivo ejecutado por Ryanair el pasado 8 de enero en sus bases de Tenerife Sur, Lanzarote y Gran Canaria, que supuso el despido de 224 trabajadores entre pilotos y TCP.
El fabricante de aviones Boeing sopesa la posibilidad de reducir un 10% la plantilla de personal deicado a los aviones civiles ante la intensidad de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 y los reveses del 737 MAX.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado la Orden Ministerial por la que se adoptan medidas extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus Covid-19.
Ante la situación excepcional creada por el coronavirus Covid-19 en el mundo, y las restricciones al tráfico de pasajeros adoptadas por la mayoría de los países, Iberia ha tomado distintas medidas para hacer frente a esta situación, desde el punto de vista laboral, operativo, financiero, y de protección de la salud y prevención de riesgos.
El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) ha solicitado hoy al Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana (MITMA) la definición de un plan de acción urgente con el fin de que las medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se implementen sin demora alguna en el transporte aéreo comercial de pasajeros en España.
Hoy entra en vigor la Directiva de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), que define medidas de seguridad encaminadas a evitar la propagación del coronavirus Covid-19 a bordo de las aeronaves y busca prevenir a las tripulaciones de vuelo de su contagio. A partir de ahora, los Estados miembro de la Unión Europea tienen siete días para implementarlas en sus respectivos países.
