Hoy está previsto que se celebre en la Audiencia Provincial de Lleida el juicio por el accidente del helicóptero EC-GJL, de la empresa Helieuropa Services, ocurrido en julio de 2002 y en el que murieron ocho personas.
La vista oral llega con años de retraso, mucho tiempo después de que la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Avación Civil emitiese un demoledor informe (febrero de 2006) en el que detalla las numerosas irregularidades cometidas por los procesados. Esta circunstancia, en caso de ser condenados los cuatro acusados, seguramente comportará que se les atenue la pena debido a dilaciones indebidas en la instrucción de la causa.
En cuanto al proceso judicial, después de años de trámites, informes y procedimientos, en junio de 2009 la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lleida dio a conocer por fin su escrito de acusación sobre la tragedia, para cuyos responsables solicita penas de cinco años y nueve meses de prisión, además de seis años de inhabilitación.
Los imputados son cuatro: el administrador de la empresa Helieuropa Services S.A., propietaria del helicóptero siniestrado, Pedro Maria Saenz de Maturana Aguirreurreta (ver foto); dos ingenieros aeronáuticos de la misma, Andrés García López y José Carlos de la Peña, y el técnico de mantenimiento Carlos Mejías.
El Fiscal acusa a los imputados de reconstruir un helicóptero que perteneció al Ejército del Aire sin autorización ni habilitación para ello, de aplicar durante años un programa de mantenimiento inadecuado de la nave y de transportar pasajeros en la misma pese a que Aviación Civil se lo prohibió expresamente en la última prórroga del certificado de aeronavegabilidad.
Pese a ello, el 13 de junio de 2002 el helicóptero partió del aeropuerto de Sabadell (Barcelona) para realizar labores de revisión de las líneas eléctricas de alta tensión para la entidad FECSA-ENDESA, que contrató los servicios de la misma.
Hacia las 13.15 horas, cuando volaba sobre el municipio de Torallola, se produjo la separación en vuelo del cono de cola y el helicóptero cayó al vacío desde una altura aproximada de 200 metros, causando la muerte de todos sus ocupantes. Entre las víctimas se encontraba la por entonces delegada de Industria de la Generalitat en Lleida, Divina Esteve.
El juez penal deberá determinar si los responsables de la empresa propietaria del helicóptero siniestrado son culpables por homicidio imprudente de la muerte de las víctimas, para cuyos familiares la Fiscalía pide además 600.000 euros de indemnización por cada fallecido.
Noticia relacionada: «El juicio por el accidente de Torallola durará siete días», en www.lamanyana.es.
Texto, edición y fotos: José Fernández
