Consideran que no profundiza en cuestiones fundamentales, permitiendo que los precursores y fallas latentes que fueron origen del accidente sigan presentes en el Sistema de Transporte Aéreo que de forma cotidiana utilizan los ciudadanos. En consecuencia, la investigación no cumple con su finalidad de mejorar la seguridad aérea y prevenir futuros accidentes.
Las dos organizaciones han comparecido esta mañana en rueda de prensa de forma conjunta para mostrar que persiguen el mismo objetivo: que se conozcan todas las circunstancias que desencadenaron la tragedia para prevenir accidentes y evitar que una tragedia similar vuelva a producirse, tal y como en su día se comprometió el Gobierno. En el acto han comparecido Pilar Vera, Presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022, y los Vocales, José Pablo Flores, Experto en Emergencias, y Rafael Vidal, Ingeniero de Telecomunicaciones, junto a Luis Lacasa Heydt, Decano del COPAC.
La Asociación de Afectados ha manifestado que este informe es un rotundo fracaso institucional que en modo alguno responde a las expectativas que las víctimas habían depositado en el Ministerio de Fomento y que demuestra, una vez más, que no está con los ciudadanos.
Por su parte, el COPAC ha anunciado que promoverá formalmente una revisión independiente del Informe, ya que no cumple con su finalidad de mejorar la seguridad aérea. En este sentido, organizará un equipo de expertos a nivel nacional e internacional para estudiar en profundidad el informe, investigando y recabando la mayor información posible de todas las circunstancias que rodearon una de las más graves tragedias aéreas ocurrida en nuestro país. La revisión del informe se hará pública y se remitirá oficialmente a la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para pedir la rectificación del Informe de la CIAIAC y a los organismos internacionales competentes en seguridad aérea.
Tanto afectados como pilotos han incidido en la necesidad de establecer una cultura de seguridad preventiva que permita a los pilotos tomar decisiones sin atenerse a criterios estrictamente comerciales, prevaleciendo por encima de cualquier otra consideración la seguridad de los pasajeros.
Ambas organizaciones han colaborado ya anteriormente, con la presentación de una enmienda a la modificación de la Ley de Seguridad Aérea de 2003 con el fin de proteger a los pilotos que realizasen actuaciones preventivas de seguridad durante su ejercicio profesional, frente a posibles represiones laborales como el despido. Esta enmienda fue aprobada en el Senado y posteriormente rechazada en el Congreso de los Diputados en febrero de 2011, como consecuencia de un informe del Ministerio de Fomento en contra de la misma.
