El primero al ser interrogado en el Juzgado de Primera Instancia número 31 de Barcelona ha sido el exdirector general de Top Fly, José Azemar, el principal demandado en el proceso. Azemar ha admitido que el septiembre del 2010 hubo una reducción del 83% del capital de la empresa a pesar de que ha dicho que pensaba que Top Fly podía salir adelante con los 700 mil euros que le restaban. El diciembre del 2010 se seguían aceptando matrículas de alumnas y el enero del 2011 la escuela funcionaba con normalidad, según él, a pesar de que ya hacía meses que había atrasos en las nóminas, se habían despedido profesores por la falta de alumnos y se habían vendido algunos activos.
Rumores y desorden organizativo
Uno de los profesores de teoría ha explicado que a mediados del año 2010 «la degradación de la empresa era notable», porque ya se habían dejado de pagar algunas nóminas y había rumores de descapitalización. Según él, «era muy difícil acabar los cursos» en aquellas condiciones, a pesar de que había «esperanzas» de una nueva entrada de capital. El despido de algunos profesores y la falta de pago a los otros, hizo que muchos no acudieran a dar clases, cosa que confundía los alumnos, porque se los cambiaban muy a menudo los horarios.
El abogado de los alumnos, Joaquín Nebra, ha explicado que muchos alumnos se hipotecaron y que la empresa sabía, un año antes del cierre, que muchos ya no podrían acabar sus cursos. Nebra también ha querido destacar el hecho que la fiscalía esté presente en el proceso, cosa poco habitual en el ámbito civil, en contra de la empresa, debido al gran volumen de afectados y deudas.
Hoy han declarado alumnos afectados por el cese abrupto de la actividad de Top Fly. Los demandantes se quedaron en la calle sin el dinero que habían avanzado, entre 40 y 60 mil euros por alumno, y sin la titulación que los acreditara como pilotos, por este motivo también piden la reparación de los daños morales.