Ayer quedó visto para sentencia en un juzgado de primera instancia de Barcelona el juicio civil contra los responsables de la escuela de pilotos Top Fly, que cerró en junio de 2011 dejando a 89 alumnos con la formación en distintas fases de realización. En las concluisiones finales, la fiscalía se ha adherido a las tesis de bogado de los demandantes, que solicitan la devolución del dinero que habían pagado y que en total supera los 4 millones de euros.
Los alumnos denunciaron el centro después de que en junio de 2011 Top Fly, que tenía su sede en el aeropuerto de Sabadell, cerrase las puertas alegando problemas económicos a pesar de que los cursos, valorados entre 45.000 y 90.000 euros, habían sido mayoritariamente pagados por adelantado.
La Fiscalía y el abogado de los demandantes consideran que hay que reclamar la totalidad del dinero de los cursos pagados porque los contratos firmados con Top Fly eran finalistas, es decir, respondían al objetivo de obtener una licencia de piloto, y esto se ha visto frustrado.
Durante la segunda jornada de la vista oral, no ha hecho falta la comparecencia de buena parte de los alumnos, después de que la empresa haya reconocido parcialmente la deuda que tiene con ellos. Sí que han declarado ante el Tribunal casi 40 afectados, a los cuales la escuela no reconoce ninguna deuda porque argumenta que su formación se había alargado más de los 24 meses que estipula una cláusula del contrato.
Sus declaraciones han servido para poder demostrar que antes del cierre del centro las programaciones de vuelo ya sufrieron retrasos importantes, y que, de hecho, era la misma escuela la que intencionadamente alargaba los ciclos formativos impidiendo acabar el curso durante el periodo estipulado en el contrato. Unos argumentos que en la primera jornada del juicio también pusieron sobre la mesa los antiguos responsables del departamento de formación de Top Fly.
Retraso intencionado de la formación
Incluso, algunos de los alumnos, que también trabajaban por la escuela, han explicado ante la magistrada que habían recibido órdenes de los responsables del centro para dar excusas relacionadas con el mantenimiento de las aeronaves o de la climatología para anular vuelos a los alumnos y demorar el proceso de formación.
Finalmente, el letrado de los alumnos también ha solicitado que se restituyan los daños morales y profesionales causados por la pérdida del dinero y de la licencia. Todo el tiempo invertido en la formación ha resultado perdido y la gran mayoría de afectados, ante la carencia de más recursos económicos para acudir a otra escuela, ha visto absolutamente truncada su futuro profesional.
A pesar de todo, los que sí que lo han podido intentar, se han encontrado con más problemas porque Top Fly ha retenido los expedientes académicos de los alumnos, mientras que los certificados de horas de vuelo y de teoría que se emitieron eran, en algunos casos, irregulares. En este sentido, la demanda también solicita que la escuela haga entrega de todos estos documentos a cada uno de los afectados.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que depende del Ministerio de Fomento, no ha mostrado ningún interés por la marcha de este procedimiento judicial, una circunstancia destacable si se tiene en cuenta que las licencias de piloto son una titulación oficial. AESA es el máximo garante y responsable de regular y garantizar la correcta la formación de los pilotos y los afectados denunciaron la situación de Top Fly ante estas autoridades.
El juicio contra la escuela de pilotos ha quedado visto para sentencia este mediodía. Una vez se conozca el resultado, los afectados estudiarán la viabilidad de emprender acciones penales contra los responsables del centro.
Valoración de los alumnos
– Mostramos nuestra satisfacción por cómo se ha desarrollado todo el proceso, especialmente por la rapidez y la sensibilidad que ha mostrado la magistrada en relación a nuestro caso.
– Estamos satisfechos por haber demostrado a través de las pruebas y de nuestras declaraciones en la vista oral que Top Fly recibió todo el dinero que le reclamamos y que retrasó la formación de los alumnos mucho antes de cerrar.
– Creemos especialmente destacable que la Fiscalía haya participado en este caso, una razón más que nos hace pensar que reclamamos lo que es justo y que nos pertenece.
– Somos moderadamente optimistas de cara a la sentencia, a pesar de que somos conscientes que si esta fuera favorable puede haber muchas dificultades a la hora de ejecutarla.
