La suma total es de 4.779.460 euros, lo cual significa una media de 60.000 euros por alumno perjudicado, a pesar de que en algunos casos la cifra es muy superior y llega hasta los 90.000.
La sentencia, hecha pública ayer por la tarde, también condena a la escuela a hacerse cargo de los intereses de demora y el coste de juicio, hecho que podría hacer aumentar la cantidad final hasta los 5.600.000 euros. Muy al contrario de lo que solicitó el abogado de Top Fly, que no reconocía la deuda con casi la mitad de los afectados y con el resto sólo una parte, la jueza asegura en la sentencia que los contratos eran finalistas, es decir, había el objetivo de conseguir una licencia, y ante el incumplimiento de la escuela hay que devolver a los estudiantes la totalidad de los pagos hechos, tal y como solicitaron el abogado de los demandantes y la Fiscalía.
El texto confirma lo que ya quedó probado durante la vista oral: que Top Fly incurrió en una dejadez de sus obligaciones contractuales en 2010, mucho antes de su cierre, retrasando la formación de los estudiantes e imposibilitando así que se pudiera cumplir el contrato.
Valoración de la sentencia
Ante todos estos hechos, los alumnos queremos manifestar nuestra total satisfacción por el resultado de la sentencia, que asume todas nuestras reclamaciones, y consideramos que es un primer paso muy importante en un proceso que posiblemente será más largo. A pesar de todo, también queremos mostrar cierta cautela a la espera de saber si Top Fly, que, conviene recordarlo, es una sociedad en liquidación, será capaz de hacer frente a la sentencia un vez se pida la ejecución de la sentencia.
Por último manifestamos nuestra sorpresa y decepción ante la carencia de interés de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, máxima autoridad de aviación civil en España, ante la cual se denunciaron los hechos antes del cierre de la academia.
Acciones de futuro y posibles responsabilidades penales
Consideramos que las pruebas practicadas durante el juicio, así como varios movimientos económicos de consistencia más que dudosa, abren la puerta a pensar que Top Fly presuntamente inició un proceso de descapitalización de forma premeditada, lo cual impedía cumplir los contratos con los alumnos, desembocando en la quiebra de la empresa. Por este motivo, los afectados estudiaremos seriamente la posibilidad de emprender acciones penales y civiles subsidiariamente contra los socios y administradores de Top Fly durante los últimos años.
Otro hecho igualmente grave son los diversos movimientos y ventas de aviones a otras sociedades mercantiles, realizados después de que eljuzgado declarase un embargo preventivo para salvaguardar los alumnos ante una posible sentencia favorable. Habrá que estudiar detenidamente si ha habido algún tipo de intencionalidad en estas ventas por parte de Top Fly y si existía la voluntad de eludir responsabilidades económicas.
