La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido hoy un comunicado en el que pide al Ministerio de Fomento la máxima firmeza para evitar los daños a los usuarios del transporte aéreo que sin duda se ocasionarán con motivo de la ruptura de las negociaciones laborales con los controladores aéreos.
Se dice en el comunicado que los pasajeros son los únicos perjudicados por las distintas huelgas de celo que, de forma habitual, emprende este colectivo, previas a la renovación de su convenio colectivo. La OCU considera que la peor situación es la que se puede producir de ahora en adelante: huelgas de celo o huelgas encubiertas que impiden a la autoridad competente la fijación de unos determinados servicios mínimos, necesarios para garantizar los derechos de los pasajeros en un servicio esencial para la comunidad, como es el transporte público.
La OCU pide a Fomento que, en el marco de la situación actual, mantenga la firmeza necesaria para adoptar las medidas de intervención adecuadas a fin de garantizar en las próximas fechas, especialmente en el periodo vacacional de Semana Santa, el derecho a la movilidad de los pasajeros que, a juicio de la OCU, está por encima de las reivindicaciones particulares de un pequeño colectivo que obtiene una posición de privilegio a base de usar como rehenes a los miles de pasajeros del transporte aéreo.
Para la OCU, el derecho de huelga no es un derecho absoluto y ha de convivir con otros igualmente merecedores de protección, como la libertad de circulación por el territorio de todos los usuarios. La organización reclama la necesaria aprobación de una Ley Orgánica reguladora del derecho de huelga, que contemple de forma adecuada la extensión de su ejercicio así como sus eventuales límites en caso de colisionar con otros derechos dignos de la misma protección.
Es aberrante, a juicio de la OCU, que todos los años y coincidiendo con épocas vacacionales, determinados colectivos del sector de transporte de viajeros convoquen huelgas y paros con la intención de causar el mayor daño posible a la población, incumpliendo además los servicios mínimos como forma de presionar a la Administración o a las empresas de cara a sus reivindicaciones laborales.
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Edición: José Fernández
